Secuestro en Honduras, gobierno debe aclarar estado de líderes indígenas. El gobierno de Honduras asegura que alcanzará las últimas consecuencias para aclarar el secuestro de líderes indígenas, de la etnia garífunas.

Honduras secuestro

El Gobierno de Honduras, a través de sus organismos de seguridad, defensa y derechos humanos, en estrecha coordinación con el Ministerio Público, una institución libre de toda interferencia política, anunció que un equipo operativo especializado está trabajando en el caso de la privación ilegal de libertad de los 4 ciudadanos miembros de la comunidad garífuna.

Los líderes garífunas Alberth Snaider Centeno, Milton Joel Martínez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Mizael Róchez Cálix fueron secuestrados el pasado 18 de julio y se desconoce su paradero.

El Poder Ejecutivo ha puesto a disposición del Ministerio Público todas sus capacidades técnicas, científicas y logísticas para aclarar el delito y encontrar responsables materiales e intelectuales.

El 22 de julio, como resultado de ese esfuerzo combinado, se logró el arresto de una persona presuntamente vinculada al secuestro. Asimismo, se han realizado otros avances importantes en la investigación para aclarar esta acción altamente censurable contra 4 ciudadanos hondureños.

El presidente Juan Orlando Hernández aseguró que “ha seguido de cerca el progreso del caso y ha estado en contacto con miembros de la comunidad, las agencias de investigación y otros representantes de la sociedad civil. En cumplimiento de la ley, instruí a estas instituciones a cooperar y trabajar con el Ministerio Público “, dijo Hernández.

“Continuaremos la lucha para buscar justicia para las víctimas y sus familias, hasta que el trabajo de los defensores de los derechos humanos en todo Honduras sea reconocido, protegido y respetado. Esta es nuestra principal prioridad”, enfatizó.

El objetivo supremo del Estado de Honduras es proteger a todos los ciudadanos. Para lograr este propósito, la administración de Hernández ha implementado líneas estratégicas como la actualización de las leyes nacionales y el fortalecimiento y la reforma de las instituciones que brindan justicia y participación ciudadana.

El gobierno hondureño solicitó la presencia permanente de una Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que ha estado funcionando sin limitaciones desde el 23 de noviembre de 2016.

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